Independientemente del resultado de las elecciones de hoy o del ballotage del 24 de noviembre, el próximo 10 de diciembre se iniciará una nueva etapa en la Argentina. Aun triunfando Macri habrá una nueva gestión que deberá atender algunos temas sumamente importantes que tienen que ver con la materia que nos ocupa.
El más urgente es nueva Ley que dé continuidad a la política de Biocombustibles. La Ley 26.093, que regula las condiciones por la cual se debe cortar el gasoil y la nafta consumida dentro del país con biodiesel y bioetanol respectivamente, fue sancionada en 2006 y caduca en 2021. La industria de biocombustibles, por ser de capital intensivo, necesita de reglas claras de largo plazo para que fluyan inversiones.
Tanto bajo el gobierno de Cristina como con el de Macri, el sector alternó buenas y malas. La arbitrariedad para fijar el corte, repartir los cupos, establecer el precio y hasta fijar retenciones con una simple resolución ministerial deberá ser revisada para la próxima Ley. La industria de biocombustibles se compone de más de 50 biorrefinerías, ocupa 60 mil puestos de trabajo y facturó en 2018 casi U$S 2.500 millones sólo en biodiesel y bioetanol. A esta cifra debe sumarse el valor de sus co-productos: la glicerina, la burlanda, el CO2 y los KWh entregados a la red. Los biocombustibles son por lejos la mejor alternativa para reducir las emisiones de carbono en el transporte. Fortalecen los precios de nuestros productos de exportación, son un sostén para las economías regionales y contribuyen a reducir la importación de combustibles fósiles. Demasiado en juego para depender del humor o la ideología del secretario de energía de turno, que generalmente suele estar concentrado en encontrar la forma de desarrollar Vaca Muerta o cuidar que los resultados económicos de la petrolera estatal no se derrumben.
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Así y todo, bajo la Ley 26093 se instalaron definitivamente a los biocombustibles en la matriz energética nacional. No nos vamos a cansar de resaltar que la industria argentina de biocombustibles es una de las más modernas del mundo y que se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa. De no existir hace 15 años, hoy tiene suficiente capacidad para generar la misma cantidad de energía renovable que aportan todas las centrales hidroeléctricas del país. Y a su alrededor se viene montando un extraordinario complejo agroindustrial que agregan más valor con sus coproductos y subproductos. Así surgieron tres plantas de refinación de glicerina que abastecen a las industrias de cosméticos, alimentos, fármacos y productos de higiene y tocador de todo el mundo. En la región Centro, la carne y los lácteos se producen a partir de la burlanda de maíz resultante de la producción de bioetanol. Lo mismo sucede con las burbujas de las bebidas gasificadas, que han dejado de lado el CO2 fósil, y hoy se abastecen del gas capturado en el proceso de fermentación de las destilerías de etanol, reduciendo aún más la huella ambiental en la producción del biocombustible. En el norte, cada más bagazo resultante de molienda de caña se convierte en electrones que iluminan los hogares del NOA, con los residuos de las destilerías se elaboran biofertilizantes que devuelven a los campos los nutrientes que la caña se lleva. Y en breve también tendremos más kwh renovables producidos a partir de la vinaza. Pura bioeconomía circular.
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El éxito de Ley 26093 fue posible gracias a haber contado con el asesoramiento de profesionales de primer nivel haber logrado el consenso de todas las banderas políticas. Dos hechos que hoy se están repitiendo en el seno de Liga Bioenergética, una organización pública y privada creada para defender los intereses del sector, integrada por las cámaras y asociaciones que involucran a los productores y consumidores de biocombustibles y por los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires. Los representantes de la Liga informaron que están finalizando la redacción de una nueva Ley de biocombustibles para presentar al Congreso de la Nación.
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La dinámica con la que ha evolucionado el sector en estos 15 años requiere que la legislación beba ser aggiornada en algunos puntos y estar en línea con los compromisos de reducción de emisiones acordados en París. Esto implicará la necesidad de tener que ir hacia mayores cortes de bioetanol y biodiesel en los próximos años y buscar el consenso en los mecanismos de fijación de precios y cupos. Pero a su vez, debería estudiarse la posibilidad de incorporar otros biocombustibles que vienen surgiendo con fuerza como el Gas Natural Renovable o prever las futuras demandas que surgirán en el transporte aerocomercial y marítimo.
Y ya que estamos, no deberíamos dejar pasar la oportunidad para discutir un replanteo impositivo integral que considere los mecanismos de compensación por reducción de emisiones. Y no solo para el transporte.
