El 10 de diciembre de 2015, mientras el presidente Macri recibía los atributos presidenciales de manos del titular provisional del Senado, Federico Pinedo, representantes del nuevo gobierno se encontraban en Paris, donde se estaba celebrando la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21).

2 días más tardes, el 12 de diciembre, 195 países – entre ellos Argentina- firmaron un documento donde se comprometían a hacer los esfuerzos necesarios para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C.

El “Acuerdo de París” fue un hecho histórico. No sólo por la cantidad de países involucrados, sino también porque por primera vez los compromisos asumidos por las naciones eran vinculantes, es decir, que de no cumplirse, se podría litigar contra ellos.

“Gran paso en la Cumbre Climática COP21. Por primera vez hubo acuerdo global para proteger el clima y Argentina colaborará para lograrlo”,expresó aquel día el flamante presidente Macri en su cuenta de Twitter.

La canciller argentina, Susana Malcorra ratificó la firma del acuerdo el 22 de abril de 2016, durante la celebración por el Día de la Tierra en Nueva York. Nuestro país se comprometía a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en 18% sobre los valores de 2005 de forma incondicional, y 37% con ayudas financieras.

Ese mismo mes entraba en vigencia el aumento el corte del 12% de etanol en nafta anunciado por el presidente Macri el 5 de febrero de 2016. Aquel recordado discurso en el Ingenio La Trinidad en Tucmán, no solo destacaba la importancia de la medida en el crecimiento de la región, sino que hacía un fuerte llamado a la necesidad de cuidar el ambiente. “El alcohol va a reemplazar el consumo de nafta y va a ayudar a que no contaminemos el medio ambiente… todos debemos estar comprometidos”, dijo.

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Los beneficios «ocultos» del etanol

La medida contempló un nuevo reparto de cupos con mayores volúmenes para las 9 destilerías de caña existentes y la incorporación de tres nuevas empresas al mercado de biocombustibles. Fueron necesarias grandes inversiones para aumentar la capacidad de producción de bioetanol en más de 60%, teniendo en cuenta además, que varias plantas fueron completamente reemplazadas por otras nuevas, más eficientes, más seguras y más sustentables con tecnologías para la gestión sustentable de vinaza que revalorizan el efluente en biofertilizantes y energía.

Al hacerse efectivo el aumento del corte se pudo dar fin a una de las peores crisis que atravesaba el sector. El precio internacional del azúcar en febrero de 2016 estaba en torno a los 12 centavos de dólar por libra – uno de los valores más bajos registrado en varias décadas. La imposibilidad de afrontar las pérdidas por la exportación de los excedentes a tan bajo precio provocaba la acumulación de stocks en el mercado interno arrastrando su precio a la baja.

Haber podido destinar caña a la producción del biocombustible, gracias a las nuevas cuotas, permitió que para fin de año se duplique el precio del azúcar en dólares en el mercado interno. El beneficio fue compartido tanto por las industrias, como también por los más de 6 mil productores de caña que reciben el azúcar a través de los contratos de maquila. El mayor volumen de etanol también permitió ahorrar una buena suma de divisas por la sustitución de importación de naftas.

Cuando las nuevas plantas estuvieron listas para comenzar a operar, en otoño del año pasado, las condiciones de fijación de precios que estableció la Secretaría de Estado de Energía, había modificado las fórmulas de cálculo, cuyo precio en dólares se redujo a la mitad a valores que hoy se ubican por debajo del FOB brasilero, líder mundial en la producción de etanol de caña y que lleva más de 50 años de políticas de estado ininterrumpidas que promocionan el uso de alcohol combustible.

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El foco puesto en el agregado de valor

Desde el Acuerdo de París, en cada una de las reuniones de las Conferencias de las Conferencias de las partes (COP) o del G20, el gobierno argentino ha mantenido un fuerte discurso a favor de la lucha contra el cambio climático. El punto más alto quizás hayan sido las declaraciones del presidente Macri al cierre de la Cumbre del G20 de Buenos Aires, en diciembre del año pasado. Allí dijo que el documento final «refleja la necesidad de revitalizar el comercio y la OMC», así como «la preocupación de todos por el cambio climático».

Mientra tanto el gobierno viene apostando al desarrollo de Vaca Muerta. Esto hace que sean necesarios multiplicar los esfuerzos para compensar el enorme aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a su explotación. Por suerte contamos con la industira de los biocombustibles, que son la herramienta actual más eficaz para combatir el cambio climático. Será imposible para Argentina cumplir los compromisos asumidos sin la participación de ellos.

Y así como el etanol de caña logró dar un gran sustento a la principal economía del Noroeste Argentino, el bioetanol de maíz viene haciendo lo propio en la región centro. Situación similar ocurre con la industria de biodiesel. El biocombustible derivado de la soja-que paga un 15% de derechos de exportación más los 4 pesos por dólar que pagan todos los productos del complejo agrícola- resulta un verdadero sustento en el precio del aceite, donde Argentina es el principal exportador mundial y destina la mitad de sus embarques a un solo país.

Por eso cuesta mucho entender las declaraciones del Secretario de Estado de Energía, Gustavo Lopetegui, al decir que la política de biocombustibles representa «un costo tributario para una nación que está quebrada». Sobre todo, cuando al día siguiente se subsidian las compras de 0 kilómetros y se posterga el aumento al impuesto a los combustibles fósiles.