La bioeconomía y la ciencia van de la mano. En su verdadera esencia está desarrollo de nuevos productos de origen biológico que sustituyen el uso de aquellos fósiles o de mejores procesos para lograr los mismos productos con una menor huella de carbono. Esto engloba también a los alimentos y por su puesto al agro. Un trigo que rinde 70 quintales en Chacabuco es el resultado de la ciencia expresado en la conjunción de biotecnología, técnicas de cultivo, maquinaría de última tecnología, servicios profesionales, etc. Mayor producción con la misma tierra y el mismo combustible.

Otro ejemplo emblemático es el champú contra la calvicie Ecohair. El Conicet validó científicamente las propiedades de la jarilla, un arbusto silvestre que abunda en la precordillera. Patentó su investigación y vendió la licencia a al laboratorio Garré Guevara, y luego, en conjunto, desarrollaron el producto comercial. Una asociación público-privada plasmada en un producto de altísimo valor.

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En esta línea, pude incorporarse el trigo tolerante a estrés hídrico desarrollado por Bioceres, con la colaboración de investigadores del Conicet. Luego de más de 10 años de trabajo conjunto, finalmente el material fue presentado el pasado 15 de noviembre en Pergamino. Si bien se han logrado los dictámenes favorables de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), su liberación depende de la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios, que está analizando el impacto comercial de un trigo transgénico en el mundo.

El Estado argentino ha sido socio de este desarrollo. Más allá de las opiniones a favor y en contra de su liberación, vale la pena preguntarse como el Estado no evaluó el impacto comercial antes de invertir en este proyecto. No es la primera vez que pasa. Un caso idéntico se dio en la caña de azúcar. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) desarrolló varios años atrás una caña resistente a glifosato que tampoco fue aprobada por cuestiones comerciales. EEAOC trabaja muy alineadamente con el Conicet y el INTA.

Teniendo ya el desarrollo, debería encontrarse la forma de poder resolver la cuestión comercial. El mundo lo tiene resuelto. La segregación entre cereales transgénicos y GMO free no parece tan complicada.  Hace menos de un mes lo pudimos comprobar en Australia. Allí siembras dos tipos de Canola. La convencional y la RR. Ambas se exportan a la Unión Europea. La RR tiene destino de biodiesel, y la convencional va para aceite y proteína. Podrán decir que Argentina no es Australia y aquí fallan los controles y podría haber fugas. Quizás, pero Kumagro, un semillero argentino, es el único que cuenta con soja no GMO, y tiene resuelto el tema de la segregación.

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El tema ha tomado mucho vuelo en estos días y se ha planteado el debate si el Estado debe decidir que es bueno y que es malo para los consumidores. En esta línea diputados esta semana dio media sanción a un proyecto que prohíbe la comercialización de todo tipo de lamparas que no sean led o fluorescentes. El argumento es que los ciudadanos vamos a gastar menos. Vale la pena un esfuerzo por reducir el consumo de energía y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la lógica indica que no seria a través de la prohibición.

A ningún productor de biocombustible se le ocurriría prohibir la nafta. Ahora si que convivan el bioetanol y las naftas y disponer de la tecnología flex. Esta parece  ser la idea del Secretario de Estado de Energía, Javier Iguacel. Eso sí. Los biocombustibles no les caben, ni les debe caber el impuesto a los combustibles líquidos. El origen de este impuesto está en los combustibles fósiles por ser una fuente agotable y contaminante. Los biocombustibles representan la mejor alternativa en el corto plazo a la movilidad sustentable.