Artículo publicado por Gabriel Ibarra Pardo en Asuntos Legales

Hace unos días, el Grupo Especial, que es el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio tomó una decisión relativa a una disputa antidumping de Indonesia contra la Unión Europea sobre las importaciones de biodiésel procedentes de ese país, que podría afectar a nuestra industria.

En su decisión, el Grupo Especial falló en favor del demandante, al encontrar que las medidas implementadas eran inconsistentes con la normatividad de la OMC y determinó que la UE debe ajustarlas de conformidad con las obligaciones que le imponen el Acuerdo Antidumping y el Gatt de 1994, pero no ordenó como, lo solicitó Indonesia, que ellas fueran revocadas.

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Este litigio refleja la coyuntura que atraviesa el mercado del biodiésel a nivel mundial que representa una amenaza para Colombia en razón de la vulnerabilidad que se deriva para la industria nacional de los excedentes de producción de Indonesia y Argentina.

Para nadie es un secreto que el biodiésel originario de esos países invadió, comprometió y puso en peligro la supervivencia de otras industrias locales alrededor del mundo, lo que ha llevado a que durante la última década se hayan adoptado múltiples medidas de defensa comercial para contrarrestar las distorsiones derivadas de la exportación de los excedentes indonesios y argentinos.

En 2013 la Unión Europea impuso derechos antidumping al biodiésel proveniente de esas dos naciones, lo que ocasionó que las exportaciones se desviaran hacia Estados Unidos, que también se vio en la necesidad de imponer Derechos antidumping y compensatorios. Una vez cerrado el mercado estadounidense, las exportaciones encontraron un nuevo destino en Perú, que igualmente acudió a los mecanismos de defensa comercial para contrarrestar las distorsiones.

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No puede descartarse que Colombia pudiera ahora convertirse en el nuevo destino de esas exportaciones. Como lo describe perfectamente esta historia, cuando se cierra un mercado, los exportadores no demoran en encontrar otro y los países que no tengan mecanismos de protección se convierten en mercados objetivo.

Es probable que, ante la decisión adoptada por el Grupo Especial, la Unión Europea no elimine las medidas objeto de la controversia. Habría que recordar que, en una denuncia similar, presentada por Argentina, el Órgano de Solución de Diferencias también se abstuvo de recomendar la supresión de los derechos impuestos, por lo que la UE se limitó a simplemente reducirlos.

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Es en estos escenarios que las medidas de defensa comercial adquieren la mayor trascendencia para contrarrestar amenazas contra un sector que ya es vital para la agricultura de nuestro país. La política en torno del biodiésel fue concebida en Colombia para fomentar y jalonar el cultivo de la palma, que es de tardío rendimiento. Esta característica exige -de manera imperiosa- garantizar la estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego en el mediano y largo plazo.

Para estos efectos es urgente asegurar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las diferentes dependencias del estado involucradas en esta política (Ministerio de Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Industria y Turismo) en aras de que todas trabajen de manera armónica y coordinada en pos del mismo objetivo: conjurar una amenaza que podría ser de gravísimas consecuencias para la economía del país.